Desde Izquierda Unida, planteamos una adecuación de los impuestos a los servicios públicos prestados, ya que Parla soporta una presión fiscal muy por encima de la media regional, algo que beneficiaría al conjunto de la sociedad derivándose a la reducción al ahorro, la inversión y el consumo.

Izquierda Unida aboga por la progresividad de los impuestos directos para evitar el crecimiento de los indirectos y tasas.

Es necesario crear un verdadero Presupuesto por programas, que en la actualidad no pasa de ser una mera denominación de una clasificación funcional de las partidas presupuestarias, por lo tanto, estableciendo los objetivos e indicadores de resultados.

Deben reformarse las Haciendas Locales para reforzar la capacidad financiera del Ayuntamiento. La reforma debería corregir la rigidez del sistema tributario local, mejorar el funcionamiento de los fondos estatales de igualación y atender las situaciones de un municipio con necesidades especiales.

El IBI debe continuar siendo un pilar fundamental de los impuestos locales, pero hace falta mejorar la participación municipal en la gestión del catastro.
Por otra parte, se debe avanzar en la definición de nuevas figuras impositivas locales que graven la utilización del suelo, subsuelo y vuelo, del espacio radioeléctrico y de la ocupación de la vía pública, así como la existencia de viviendas vacías.

Resulta imprescindible canalizar hacia los Ayuntamientos una parte del rendimiento de los impuestos estatales más importantes, IRPF, IVA en su fase minorista, e impuestos especiales aplicados en destino.

Es necesario el incremento de la participación financiera local en los ingresos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

La participación de los Ayuntamientos madrileños en los ingresos de la comunidad Autónoma se debería instrumentar, conforme a la propuesta para el Pacto Local en la Comunidad de Madrid, dentro del contexto de un proceso de descentralización, por el cual las propias leyes regionales de transferencia de las competencias correspondientes incorporen la necesaria financiación, adecuándola tanto a la necesidades de gasto de los municipios como a la diferente capacidad fiscal de los Ayuntamientos.

Por otro lado, además de la financiación e inversiones municipales en el marco del PRISMA u otros instrumentos que pudieran configurarse de sustitución o modificación de éste, habría que crear un sistema de igualación de carácter regional, mediante un fondo regional de solidaridad.

Es importante, asimismo, reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y responsabilización de los gestores públicos ante los/as ciudadanos/as, estableciendo procedimientos transparentes de la gestión municipal que faciliten este objetivo, en especial mediante el uso de las tecnologías de la información.

Resulta, por último, incompresible que un Ayuntamiento, con los problemas de inversión resueltos mediante el 100% de financiación para obras, pueda tener una deuda que ronda los 67 millones de euros (11.000 millones de pts.)., a pesar de haber dejado a éste último gobierno mayoritario del PSOE refinanciada la deuda y con liquidez en las arcas municipales.

PROPUESTAS

• Agilizar al máximo la tramitación para la concesión de las diferentes licencias, efectuando la liquidación de las mismas una vez hayan sido otorgadas; no como ocurre ahora, que se paga por adelantado transcurriendo un enorme tiempo hasta que son concedidas, con el grave perjuicio para los/as ciudadanos/as.

• Acabar con la doble imposición con la que está gravando el Ayuntamiento a los garajes y piscinas, pues no se trata de una actividad comercial o industrial como hecho imponible; suprimiendo, por tanto, la licencia de apertura ya que se está pagando dentro de la licencia de 1ª ocupación.

• Reducir el tipo impositivo en el Impuesto de Bienes inmuebles (I.B.I.) hasta compensar el incremento del I.P.C. anual; es decir, que ésta sea el aumento máximo de cada recibo, con lo que estaríamos hablando de una reducción de este impuesto en términos reales.

• Aplicar el porcentaje de bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) a las familias numerosas en función del número de hijos/as, llegando a alcanzar hasta el 90% de este impuesto.

• Establecer bonificaciones con respecto a la tasa por licencia de apertura, relacionándolas con  los puestos de trabajo que cree cada nueva actividad. Estas bonificaciones se solicitarán en función del empleo que se pretende crear a lo largo de los tres primeros años. Justificándose los mismos al final de este período.

• Efectuar bonificaciones con respecto a la tasa por licencia de apertura a las empresas que surjan de la autoocupación, ya que a menudo representa, para estos nuevos emprendedores, una aventura incierta que es necesario potenciar, como una medida más en el sentido de reducir el paro y, por tanto, mejorar el bienestar de los/as ciudadanos/as.

• Implantar la factura única o cuenta corriente municipal, de manera que se agrupen en una sola cuenta todos los impuestos y tasas que genera un/a ciudadano/a, compensándoles automáticamente aquellas deudas que el Ayuntamiento pueda tener con ellos/as. La forma de pago de esta factura sería fraccionada durante el ejercicio. Esto, a la vez, permitiría avanzar ingresos, lo que redundaría a favor de la liquidez municipal y contribuiría a reducir la carga financiera y el volumen de la deuda a corto plazo.

• Realizar un ejercicio de contención del gasto, sobre todo el referente a gasto corriente, aplicando políticas que permitan su reducción, pues lo contrario va en detrimento de los servicios públicos que debe prestar el Ayuntamiento a sus vecinos/as. Se han de replantear todos los conceptos de gasto para optimizarlos.

• Reducir los plazos de pago a industriales y proveedores al máximo que permite la Ley, tres meses, ya que en la actualidad este plazo está en torno a los diez meses y dos años, lo que representa un coste añadido a la realización de obras y servicios municipales y, en algunos casos, perjudica gravemente a empresas pequeñas.

• Crear un Registro de Contratación, como garantía de transparencia y control necesarios. En este Registro se inscribirán de forma obligatoria todos aquellos contratos administrativos, de obras, servicios o suministros, concesiones de explotación y cualquier acuerdo o convenio, que implique obligaciones financieras o patrimoniales.

• Realizar todo el trabajo necesario desde los diversos departamentos del Ayuntamiento en la búsqueda de financiación de los proyectos municipales, a Comunidad de Madrid, Unión Europea…, priorizando, en la medida que las necesidades lo permitan, aquellos proyectos subvencionables de aquellos que no lo sean.

• Elaborar los presupuestos Generales del Ayuntamiento por programas específicos, ajustando a la realidad los ingresos y los gastos en cuanto al equilibrio presupuestario y según los términos legales.

• Actualizar los precios públicos para adecuarlos a la realidad social del municipio y/o hacerlos más acordes con los gastos inherentes a los mismos.

• Revisar el actual callejero para ajustar la categoría de las calles a su actividad comercial.

• Informar al Pleno Municipal cada tres meses, desde los servicios económicos, del grado de ejecución presupuestaria y del movimiento de tesorería.

• Realizar un esfuerzo informativo sobre relación de ingresos-gastos en el Ayuntamiento para disminuir la morosidad fiscal.

• Realizar todos los esfuerzos necesarios desde la recaudación ejecutiva para recuperar los impuestos atrasados.

• Revindicar una mayor participación de la Comunidad de Madrid y del Estado en la financiación de ciertos servicios: educación, sanidad, servicios sociales, medioambiente…, cuantificando el gasto de la prestación de estos servicios en nuestro municipio a los/as ciudadanos/as de otras poblaciones, en competencias que son de esas administraciones supramunicipales.

• Exigir el aumento de las cantidades del Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

• Completar y actualizar periódicamente los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

• Hacer un seguimiento exhaustivo de la amortización del préstamo para la amortización de la deuda municipal, con control del gasto para garantizar la viabilidad y solvencia de las finanzas municipales.

• Exención de la tasa de licencia de obras a aquellos edificios multifamiliares habilitados que necesiten obras de reforma, que tengan más de 25 años y supongan o puedan suponer un peligro para sus habitantes y/o viandantes.